Quienes son los que temen a la justicia

 El Tribunal Penal Internacional (TPI) se creó en la ONU, una vez logradas las ratificaciones de los sesenta países necesarios para su nacimiento. Lo firmaron 139 desde que en 1998 se aprobó su Estatuto en Roma, pero más de la mitad no lo habían ratificado.

Su sede está en La Haya y juzga crímenes contra la humanidad, genocidios y otras violaciones graves contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, funcionaron los Tribunales de Nürenberg y de Tokio para juzgar a los criminales contra la humanidad que habían perdido la guerra. Nada se hizo contra otros responsables de crímenes similares que bombardearon ciudades abiertas, hospitales, utilizaron bombas incendiarias, asesinaron sin juicio a los oficiales del ejército polaco en las Fosas de Katin, torturaron, expoliaron y deportaron pueblos enteros allende los Urales o la ignominia de las bombas atómicas lanzadas sobre las indefensas ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ninguna de estas ciudades era objetivo militar ni constituían amenaza alguna. Fue escarmiento para acelerar la rendición de los japoneses. Por orden del presidente Truman, no importaron los medios para conseguir sus fines. Estos criminales de guerra se encontraban en el bando de los vencedores, los Aliados. Los asesinatos, las violaciones y las sevicias contra los vencidos fueron innumerables.

Después, el mundo asistiría atónito a las masacres en la guerra de Indochina por los franceses y en Vietnam por los norteamericanos. Las independencias de los países emergentes del llamado Tercer Mundo se lograron a costa de perder cientos de miles de vidas de nacionales que luchaban por sus países, pero eran tratados como terroristas. Una vez alcanzada la independencia y convertidos en héroes de sus respectivas patrias, las antiguas metrópolis se esforzaron por corromperlos para continuar explotando sus riquezas naturales. Todavía sucede en nuestros días en África, Asia y Latinoamérica. Por otros medios, claro, y bajo el pretexto de ayudarlos en su desarrollo, a costa de mantener vivas varias guerras simultáneas en las que mueren más civiles que militares.

Dentro de esos crímenes destacan los genocidios perpetrados en Ruanda, Burundi, Congo, Camboya, Angola y el criminal sistema del apartheid en Sudáfrica y en la antigua Rodhesia, hoy Zimbabwe, donde ser negro era presunción de culpabilidad. Aparte de que las mejores tierras, igual que en Kenia y otras antiguas colonias, pertenecían y continúan perteneciendo a los extranjeros blancos.

Cuando se aprobó, en 1998 en Roma, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, parecía un sueño que algún día funcionara para perseguir los crímenes contra la humanidad, que no prescriben y que podían perseguirse en cualquier país, fuera cual fuera el rango del criminal.

La globalización de la justicia era una necesidad imperiosa para garantizar los derechos sociales, económicos, humanos. Parecía que las grandes potencias se habían dado cuenta de que no puede haber paz sin justicia; que no es por la guerra, la explotación, la extorsión y la fuerza cómo puede mantenerse un orden justo en un mundo cada vez más interrelacionado.

Pero ¿qué puede esperarse de un Tribunal Penal Internacional si es recusado por EEUU, China, Rusia e Israel entre otros países que se creen por encima del bien y del mal?

La Unión Europea tomó el liderazgo de la puesta en marcha de esta institución fundamental sostenida en todo momento por la presión de la sociedad civil organizada. La ONU, una vez más, se ha mostrado impotente ante la prepotencia de los países que mantienen la tortura, la pena de muerte, que no respetan los derechos humanos ni permiten que sus ciudadanos sean juzgados por otros tribunales que los suyos.

Los casos de EEUU después del 11 de septiembre, de Israel desde su nacimiento y de China desde su sistema totalitario son escandalosos.

Los ataques de EEUU contra el Tribunal Penal Internacional son demoledores y cuestionan seriamente el futuro de esta institución . La argumentación utilizada por sus autoridades de que nada ni nadie entorpecerá su lucha contra el terrorismo es perversa porque parte de esa lucha es ilegal. Y muchas veces criminal e injusta.

Una vez más, tocará a la sociedad civil organizarse para denunciar estas violaciones, amenazas y ataques a pesar de la impresionante e inmoral campaña mediática que EEUU ejerce sobre los grandes medios de comunicación.

José Carlos Gª Fajardo. Profesor Emérito U.C.M.

Acerca de nesemu o garciafajardojc@gmail.com

cfr en www. garciafajardo.org o en garciafajardojc@gmail.com o Facebook Profesor Eméritus Universidad Complutense Madrid, Estudió en universidades Complutense de Madrid Doctor en Derecho, Gregoriana de Roma, Pontificia de Salamanca, Escuela Oficial de Periodismo, Profesor Eméritus Facultad Ciencias de la Información, U.C.M. , Henley College
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