En nuestro país, la centralidad política y social que ha adquirido la infancia ha venido marcada por el fenomenal incremento de pobreza infantil que nos ha dejado la última década: con un índice del 28’3%, España cuenta con la tercera tasa más alta de toda Europa, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria. Las razones son ya bien conocidas: las familias de rentas más bajas con menores a cargo ha sido un grupo particularmente expuesto a la pérdida de empleo o condiciones de sub-empleo. Sabemos, además que el sistema de protección social, y la política fiscal tienen una capacidad muy limitada para incidir en la ocurrencia de ese riesgo social y que en la medida que no se introduzcan mecanismos redistributivos efectivos y específicos para las familias de bajos ingresos con menores a cargo, y mientras no mejore su posición en el mercado laboral, se corre el riesgo de dejar un grave problema sin resolver que además de vulnerar los derechos de la infancia más frágil, se coartan también sus oportunidades a lo largo de su desarrollo vital.