Aunque el rescate lo recibieron las cajas de ahorro, éstas pasaron después al poder de los bancos. El BBVA adquirió Catalunya Banc –a su vez resultado de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa– y Unnim –Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa–. Caixabank se quedó con Banco de Valencia y Banca Cívica –Cajasol, CajaCanarias, Caja Burgos y Caja Navarra–. Banco Sabadell hizo lo propio con la Caja de Ahorros del Mediterráneco (CAM), el Banco Gallego y Caixa Penedés. Bankia ha absorbido BMN –Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra–.
Para estas operaciones, las entidades recibieron ayudas públicas. Por ejemplo, los Esquemas de Protección de Activos (EPA), avales que les garantizan la cobertura de las pérdidas en que puede incurrir una cartera de créditos o inmuebles. Los EPA se concedieron a cajas de ahorro y bancos con problemas entre 2009 y 2011 para facilitar su venta a otras entidades financieras. Estas garantías eliminan la incertidumbre sobre unos activos abocados al deterioro y a generar pérdidas, por lo que aumentan el atractivo para un potencial comprador de unas entidades condenadas si no al cierre. Caixabank, BBVA, Sabadell, Liberbank y BBK recibieron estos avales.Los concedieron tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con dinero público, como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de 130 bancos privados españoles. En total, 13.101,3 millones de euros.
Si a los 56.865 millones de euros públicos, se añade el dinero aportado por el Fondo de Garantía de Depósitos y otros 16.300 millones en créditos extraordinarios otorgados como “provisión urgente y transitoria de liquidez” por el Banco de España y por el FROB, la factura del rescate financiero se eleva hasta los 79.054 millones de euros. Una cifra que iguala los beneficios obtenidos hasta ahora por los mayores bancos del país.
