Reforma constitucional impostergable

Una reforma constitucional para blindar los Derechos Humanos Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón  proponen una reforma constitucional para blindar los Derechos humanos Este avance en derechos humanos debe darse dentro y también fuera de nuestras fronteras. España se ha comprometido internacionalmente con la protección de los derechos humanos en el mundo y así debe recogerlo la Constitución. Por ejemplo, garantizando una política pública de cooperación para el desarrollo, actualmente muy lejos del conocido 0,7% del producto nacional bruto. Y recogiendo la obligación de las empresas españolas de respetar los derechos humanos fuera de sus fronteras. Puede parecer una obviedad decir que los derechos humanos existen para ser cumplidos. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos. Sin embargo, la realidad nos muestra que esta afirmación no es tan obvia y debemos recordarla, especialmente en tiempos de crisis económica, cuando la obligación de los Estados de proteger a las personas es máxima. Los derechos humanos no pueden quedar en declaraciones vacías de contenido simplemente porque un gobierno cambie de parecer o alegue que no hay dinero. El ejercicio de los derechos y el gasto público dedicado a hacerlos valer, han de estar reconocidos y protegidos al máximo nivel en cualquier situación. Y así debe recogerlo la Constitución, sin posibilidad de adoptar medidas injustificadas que puedan suponer un paso atrás en la realización de los derechos. De esta forma, normas como la reforma sanitaria en España no se habrían podido adoptar. Desde que comenzó la crisis económica en 2010, algunas autoridades han alegado la falta de recursos para recortar políticas sociales, afectando a nuestros derechos. Las organizaciones consideramos que los recortes se deben más a una cuestión de voluntad y prioridades políticas que a la falta de recursos. Pero además este recorte se puede evitar. ¿Cómo? Es fundamental contar con un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, tanto en su dimensión de ingreso como de gasto público. En primer lugar, hay que lograr que los impuestos recauden dinero suficiente para financiar el gasto público necesario, aportando más quienes más tienen –empresas multinacionales y grandes fortunas-, y poniendo fin a privilegios fiscales, a la evasión y elusión fiscal. Pero al mismo tiempo, la Constitución debe concretar la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar el cumplimiento de los derechos humanos. Sin excusas. Derechos humanos protegidos y con financiación suficiente, también en época de crisis Una crisis económica nunca puede ser utilizada como excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas porque las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades en la realización de los derechos humanos. Todas las personas deben contar con unos ingresos mínimos para vivir para así asegurar que pueden hacer frente a los gastos básicos como el gas, la luz, el alquiler… y así llevar una vida digna’

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Acerca de nesemu o garciafajardojc@gmail.com

cfr en www. garciafajardo.org o en fajardoccs@solidarios.org.es
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